Jurisprudencia

El objeto del presente recurso contencioso-administrativo es la desestimación, por silencio administrativo, de una reclamación de responsabilidad patrimonial. La Sala desestimó el recurso contencioso-administrativo.

La reclamación patrimonial se presentó porque la parte actora había sufrido presuntamente un daño derivado de dos resoluciones administrativas de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, las cuales daban conformidad a los trabajos para la ejecución del proyecto definitivo de cierre y abandono de las unidades productivas de interior e instalaciones vinculadas a la explotación minera, que se demoraba hasta el total cumplimiento de las condiciones establecidas en la misma. Debido a la paralización temporal, se perdió y hubo que abandonar material en el interior de las galerías, se suspendió la actividad y hubo que despedir trabajadores, quienes acudieron a la jurisdicción social, dictándose sentencias condenatorias.

La Sala concluyó que no concurren los presupuestos de la responsabilidad patrimonial.

Respecto a las cuestiones relacionadas con la legislación minera, la Sala recordó que la inicial resolución imponía una serie de condiciones, entre otras, en materia de seguridad en la mina. Además, esta resolución debió interpretarse en el marco de la propia legislación de minas (Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería y Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera), de la que se desprende que era necesario cumplir con todas sus exigencias en materia de seguridad.

El informe técnico de la Sección de Minas del Servicio Territorial de León, elaborado en relación con el incidente minero, acreditó un incumplimiento en las condiciones impuestas respecto a la seguridad en la mina y por ello se iniciaron actuaciones que concluyen con las posteriores resoluciones, las cuales devinieron firmes y consentidas. De modo que la suspensión (a la que la actora conecta la causa de los daños) es la consecuencia de unos actos que no han sido declarados ilegales por ningún Tribunal de lo contencioso-administrativo, lo que, en principio, dificulta que el daño que la parte actora atribuye a las mismas pueda calificarse como antijurídico.

El objeto del presente recurso contencioso-administrativo es una actuación constitutiva de una vía de hecho asociada a un expediente de expropiación forzosa del proyecto constructivo del acceso ferroviario al Puerto Exterior de La Coruña mediante túneles. La Sala desestimó el recurso contencioso-administrativo.

La controversia surge porque los trabajos afectan a unas fincas en las que existen recursos mineros de la Sección A).

La Sala recordó que el derecho a la explotación de los recursos mineros de la Sección A) corresponde al propietario de la finca (artículo 16.1 de la Ley 22/1973 de 21 de julio de Minas). Lo que ocurre es que la indemnización asociada a la expropiación de ese derecho varía en función de si se encuentra o no en explotación (o, incluso, en disposición de hacerlo) en el momento en el que se incoa el expediente expropiatorio.

La Sala recordó que la jurisprudencia establece que el justiprecio de este derecho se reduce al porcentaje del 30% del total (en lugar del 100%) en los casos en que no existe, por el propietario de la finca afectada, ese aprovechamiento en curso por cualquier motivo (incluso por no disponer o no haber tramitado la correspondiente autorización).

Sin embargo, cuando sí se está explotando esos recursos o se está en disposición de explotarlos, entonces debe valorarse el aprovechamiento que ya se viene o venía haciendo.

En este caso concreto, la Sala descartó que exista vía de hecho, pues hay un expediente expropiatorio en curso, que además incluye las parcelas afectadas en la relación de bienes y derechos controvertidos. Los recursos mineros de la Sección A) de esas fincas constituyen un derecho que sí aparece en la relación de bienes y derechos del expediente expropiatorio y en el acuerdo de necesidad de ocupación. Si la empresa no está conforme con su valoración, existe un procedimiento en la legislación de expropiación forzosa para oponerse a ella.

El núcleo del litigio es determinar si la captación de aguas subterráneas para riego requiere autorización de la Sección de Minas, al considerar los recurrentes que en estos trabajos se aplican técnicas mineras y, por tanto, deben ser autorizados por la autoridad minera.

La Administración, por su parte, sostiene que solo las aguas minerales o termales están sujetas a la legislación minera y que la competencia para autorizar la captación de aguas subterráneas para riego corresponde a los organismos de cuenca, conforme a la Ley de Aguas.

El Tribunal desestima el recurso, confirmando que no es necesaria la autorización de la Sección de Minas para sondeos de captación de aguas subterráneas destinadas a riego, ya que no se trata de aguas minerales ni termales. La competencia corresponde a los organismos de cuenca, según la normativa de aguas.

El objeto del presente recurso contencioso-administrativo es la pieza separada de justiprecio de un expediente expropiatorio. La Sala estimó en parte el recurso contencioso-administrativo.

Lo relevante de esta Sentencia a efectos mineros es que la Sala resumió y citó con sumo detalle la jurisprudencia del Tribunal Supremo existente sobre la valoración de los recursos mineros, diferenciándolos según el tipo de recursos mineros que contempla el artículo 3 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas.

Aunque según su artículo 2 todos los yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos son bienes de dominio público, es importante considerar que el aprovechamiento de los recursos geológicos de la Sección A), ubicados en terrenos de propiedad privada, corresponde a su dueño (artículo 16.1). Esto difiere de la exploración y la investigación de los recursos de la Sección C), así como de las concesiones de explotación, que siempre son otorgadas por el Estado (artículo 60).

Por lo tanto, en el caso de la pérdida del aprovechamiento potencial de los recursos de la Sección A), aunque el dueño del terreno no contara con el preceptivo permiso de explotación, este debe ser indemnizado en el expediente expropiatorio con un importe resultante de aplicar un porcentaje del 10% al 30% de las ganancias o beneficios que pudieran obtenerse de la explotación.

La Sentencia resuelve el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Revisión Parcial no 1 de las Normas de Conservación del Monumento Natural de Los Volcanes de Teneguía y su Texto Refundido.

El objeto principal del litigio es la ordenación del uso del espacio natural, en particular la ubicación y justificación de un balneario de aguas termales y mineromedicinales (Fuente Santa) y las instalaciones asociadas.

El Tribunal desestima el recurso, considerando que la actuación administrativa cumple con la legislación vigente, que la ubicación propuesta para el balneario está debidamente justificada desde el punto de vista técnico, ambiental y legal, y que la normativa autonómica y sectorial aplicable ha sido correctamente interpretada y aplicada.

Esta Sentencia aplica la legislación minera, pues Fuente Santa ha sido declarado recurso minero medicinal y termal. El Tribunal analiza expresamente la naturaleza jurídica de las aguas termales y mineromedicinales, su clasificación como recurso geológico en la sección B) de la Ley de Minas, y el régimen jurídico aplicable a su explotación.

El recurso se basaba en la supuesta inactividad de la Administración al no tramitar y aprobar el plan de restauración de la concesión minera Castañeiro I.

El Tribunal desestima el recurso, concluyendo que no existe inactividad administrativa relevante, ya que la Administración sí ha realizado actuaciones, aunque con demoras, principalmente debidas a la tardanza en la emisión de informes por parte de otros organismos, como la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

Además, la Sentencia señala que la vía procesal utilizada por la empresa no era la adecuada para exigir la ejecución de una sentencia firme, ya que no existía una resolución administrativa previa y firme que obligara a la Administración a actuar en los términos pretendidos.

El objeto del litigio es la obligación de presentar y ejecutar un plan de restauración y abandono definitivo de labores en varias concesiones mineras de plomo ubicadas en La Unión (Murcia).

La parte demandante alegaba que las escombreras y residuos mineros existentes no debían ser objeto de reclamaciones de restauración, ya que la actividad había sido transmitida legalmente con anterioridad a otra sociedad y que dicha empresa cumplió con las obligaciones reglamentarias hasta la transmisión. Además, sostenía que la escombrera existente no era consecuencia de la explotación de las concesiones afectadas, sino de otras explotaciones, y que la normativa ambiental y de restauración posterior no le era aplicable retroactivamente.

La Administración, por su parte, defendió que, tras la caducidad de las concesiones, el titular minero sigue siendo responsable de la rehabilitación y seguridad del espacio afectado, incluyendo la gestión de residuos mineros y escombreras, con independencia de la transmisión civil de la propiedad o de la actividad. La Administración exigió la presentación de un plan de restauración y la constitución de garantías para asegurar la rehabilitación del espacio afectado, conforme a la normativa vigente.

La Sentencia confirma la resolución administrativa, estableciendo que el titular minero es responsable de la restauración y abandono de la concesión, incluyendo la rehabilitación de las escombreras existentes en el ámbito de la concesión, aunque su origen sea anterior, se haya transmitido a un tercero o proceda de otras explotaciones.

Lo relevante de esta Sentencia es que confirma la obligación de restauración, estableciendo que el titular minero es responsable de la rehabilitación del espacio afectado, incluyendo escombreras y residuos mineros, con independencia de la transmisión civil de la propiedad o de la actividad y de la fecha de constitución de los residuos. Se aplica el principio de que la caducidad de la concesión no exime al titular minero de sus obligaciones de restauración y seguridad.